Buenos Aires, 03 de setiembre de 2017

El próximo miércoles 6 de setiembre realizaremos una conferencia de prensa donde denunciaremos la iniciativa del gobierno nacional de privatizar los archivos secretos de la causa AMIA.

Esta es la verdadera intención que anima al Decreto 229/17 que el gobierno defiende con el apoyo de DAIA y AMIA, y que es cuestionado dada su manifiesta inconstitucionalidad por los familiares de las víctimas y hasta por la Unidad Fiscal.

El Decreto se inscribe en el marco más general de la política del gobierno ante el próximo final del juicio oral que se sigue contra Menem, Anzorreguy, Galeano, etc., y en el esfuerzo por terminar con la Procuración y la labor del Grupo Especial de Relevamiento de Archivos y análisis Documental (GERAD) de la fiscalía.

Después de 23 años en que el Estado insistió en la necesidad de una investigación judicial del mayor atentado terrorista desde el retorno de la democracia, el gobierno promueve ahora desplazar a los fiscales y al GERAD de su trabajo de investigación y entregar los archivos a una empresa de la CIA y el Mossad.

Así surge de lo propuesto por Mario Cimadevilla, Secretario de la Unidad de Investigaciones AMIA del Ministerio de Justicia, y del convenio firmado entre esa Secretaría y el Ministerio de Modernización. Para ello, el Decreto 229/17 pretende re-apropiarse de los archivos secretos y blanquear compromisos internacionales en vísperas de la próxima visita de Netanyahu al país. Al mismo tiempo, crean un nuevo marco legal para facilitar su plan político y el de negocios.

Negocian con los jueces para que no declaren la inconstitucionalidad del Decreto que somete a la Unidad Fiscal, termina con el GERAD y hasta con la independencia formal del Poder Judicial. Se busca evitar el acceso y conocimiento público de los archivos aún secretos que documentan el papel del Estado en el atentado terrorista y su encubrimiento y así facilitar la acusación internacional contra Irán.
El plan de negocios incluye el armado de una consultora para enmascarar la contratación de una empresa de la CIA, la compra de software y entrenamiento, para tercerizar la investigación a un costo millonario en dólares.

APEMIA denunciará este plan. Exigimos abrir los archivos secretos, derogar el Decreto 229/17 y la renuncia de M. Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.

Para conocer los detalles de la denuncia, te invitamos a participar de la Conferencia de Prensa que realizaremos el MIÉRCOLES 6 a las 15:30 Hs. en la SALA 7 del 3º Piso del Anexo del Congreso Nacional.