"EN EL MARCO DE LA LEY"

12/09/2015 – Al término de la quinta jornada del juicio oral el Tribunal lleva escuchadas las indagatorias de la mitad de los imputados. Se dio lectura a las de Menem, Galeano y el ex Crio. Castañeda, mientras que el ex Crio. Palacios y los ex fiscales Mullen y Barbaccia se decidieron a hablar, ampliando y ratificando sus dichos anteriores.

Cabe esperar que al término de las próximas dos o tres audiencias finalice esta etapa algo formal en la que los imputados ejercen sus defensas y rechazan las acusaciones a través de las declaraciones indagatorias.  Para entonces debiera ya estar definida la situación legal de Hugo Anzorreguy, el ex Jefe de la SIDE que busca ser declarado inimputable alegando un “déficit cognitivo” para poder así evadir el juicio (ver nota).
De lo visto y oído hasta aquí, se pueden sacar algunas conclusiones. La primera observación es que todos los acusados señalaron a la ex SIDE como la verdadera responsable de las  conductas delictivas que se les imputa.
Así por ejemplo, Mullen y Barbaccia dijeron que los “organismos que nos tenían que proveer información eran los que nos operaban y nos daban pistas falsas” y ahora pretenden hacerlos responsables a ellos.
Recordaron que fue la SIDE la que negoció “cambiar” a Ribelli por otro policía de la Bonaerense. Hasta Palacios se defendió de la acusación por levantar uno de los allanamientos en lo de Kanoore Edul diciendo que esos allanamientos fueron solicitados por la SIDE y “debieran ser ellos los que respondan por su levantamiento”.


Pero fue Galeano, acusado de ser el principal articulador de las “irregularidades” y los delitos cometidos, el que introdujo un matiz importante y diferente al de los anteriores.
Galeano apuntó a la SIDE, pero para defenderla como la inspiradora de su accionar como Juez.
En su defensa dijo que obró amparado en decretos y leyes -algunas secretas- que permitían las llamadas “Operaciones de Inteligencia”. Sobre el pago a Telleldín dijo que “s
e trató de una operación secreta que no fue planeada ni aprobada por el suscripto” que se hubiese hecho de todos modos, con o sin su aprobación. “Una operación de inteligencia legítima” que no se apartaba de la normativa vigente.

Al tratar de poner en contexto los hechos, aseguró que no podía violentar una operación de inteligencia “ESTRICTAMENTE SECRETA Y CONFIDENCIAL”, operación que en 2001 la ley de Inteligencia perfeccionó. Presentó a su juzgado y al Poder Judicial no por lo que se espera de él, sino por lo que hizo en realidad: facilitar esas operaciones de inteligencia organizadas por la SIDE y los servicios extranjeros. Y desafió al auditorio al decir “Cumplí a rajatabla la obligación de guardar secreto”.
Una segunda observación nos permite decir que tanto Galeano, como Mullen y Barbaccia señalaron que el poder Legislativo obró en complicidad no sólo con la SIDE sino con el Poder Judicial.
Acusaron a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones que funcionó entonces y a sus miembros, por haber protegido las actividades de la SIDE. Y se mostraron tristes porque ahora el poder político y la ex SIDE pretenden cargar el resultado del fracaso sobre ellos. Mullen criticó en particular al Ministerio de Justicia, al que responsabilizó de basarse en los dichos de Stiuso en el juicio anterior (2003) que terminó con su destitución como Fiscal, cuando el ex jefe de la SIDE está hoy mismo siendo acusado de encubridor de los que atentaron contra la AMIA.


Por último, sus dichos cuestionaron cualquier ilusión de estar en presencia de un Juicio ajeno a las tensiones y maniobras del pasado. Denunciaron que una parte de sus acusadores sirve a los millonarios intereses de Ribelli y Telleldín, a quienes ellos ya acusaron de estar vinculados a la conexión local del atentado. 

Conocedores de la intimidad del Poder Judicial, los ex fiscales señalaron que las “pruebas” contra ellos son inexistentes o muy limitadas y aún así, en caso de ser condenados por estos “delitos” se pondría en riesgo la actividad diaria del Poder Judicial, armada en base a esos “secretos” y complicidades que quieren reivindicar como actos de Justicia.

En más de un sentido, los acusados pusieron el dedo en la llaga de un Juicio Oral de por sí mezquino. Al reivindicar como legítimas sus acciones pasadas, fundadas en el secreto de estado y en la experiencia y manipulación de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, los acusados desafían al Poder Judicial, su grado de independencia y la legalidad del Estado mismo. No sólo buscan ser reivindicados como soldados que cumplieron su deber al servicio de las políticas del Estado nacional y sus relaciones internacionales; su planteo valida las “operaciones de inteligencia”, el reconocimiento de la legislación secreta y su actualización. Y lo hacen frente al silencio del Ministerio de Justicia y la Fiscalía sobre estos planteos.

Es aún muy temprano para prever el resultado que un planteo de este tipo podrá tener al finalizar el juicio, con un nuevo gobierno instalado en La Rosada y con un horizonte de crisis políticas y conflictos sociales. Ya veremos si son condenados, por qué delitos y con qué argumentos. 
Recordemos que tras la muerte de Nisman, fue el Poder Ejecutivo quien impulsó y organizó la campaña para presentar al Juicio como el que terminaría con el “verdadero encubrimiento” del atentado. Por lo visto y oído, esto no pasa de ser una más en la serie de maniobras que llevan 21 años. Una ilusión de justicia.