EL ATENTADO QUEDARÁ SIN ACUSADOS

22/09/2015


Mañana se reúne en Francia la Comisión de Control de los Ficheros (CCF) de la Interpol para decidir sobre la solicitud presentada por 3 de los iraníes sobre los que pesan órdenes de captura. 
Rabbani, Rezai  y Fallahijan piden eliminar de sus “fichas” las órdenes de captura dictadas por el juez Canicoba Corral en 2006 en el marco de la causa AMIA. 
La CCF va a considerar el pedido, teniendo a la vista copia de la orden de captura y la expresa ratificación de su validez que hicieron hace pocos días tanto Canicoba Corral como los Fiscales. En Argentina esperan que la CCF conceda una prórroga para hacerles llegar antes de 45 días los “elementos concretos (documentos, declaraciones de testigos e informes de otras autoridades competentes) que constituyen la base para considerar” por qué están implicados en el atentado, de acuerdo a lo pedido. 
Desde el gobierno, el Juzgado y la Fiscalía siguen el tema conscientes que, más temprano que tarde, Interpol dará de baja las órdenes de captura y las “alertas rojas”. Esto pondrá punto final a la estrategia articulada por el Estado en los últimos 12 años de acusaciones contra Irán sin tener, por ahora, a quién hacer responsable por el atentado.

LA POLITICA DEL GOBIERNO EN CRISIS

En el gobierno saben que Interpol terminará con las alertas rojas en los próximos meses y que será muy difícil ganar el voto mayoritario de la Asamblea General de la organización para revalidar el pedido de capturas el año próximo.
Se trata, entonces, de
administrar el fracaso con toda la intención de encontrar un responsable que pague por los platos rotos sin que ello termine ensuciando al gobierno antes del 10 de diciembre. 
Algo de esto conversaron Timerman y Stock, el secretario de Interpol, hace unos días.
"Hay un compromiso del Gobierno con la investigación de la AMIA y con mantener las circulares rojas… pero eso dependerá del juez", le dijo enfático un vocero de la reunión al diario La Nación (16/09/2015). Para cuando Interpol deje en claro que los socios internacionales de la Argentina ya no sostienen el “compromiso del Gobierno” Kirchner, el primer responsable por la crisis será el juez de la causa, Canicoba Corral.
La previsible y demorada caída de las circulares rojas se da en el contexto del acuerdo de las grandes potencias con Irán y del fracaso del gobierno para imponer el Memorando, su propia versión del acuerdo, como vía para intentar una salida política al fracaso de la investigación del atentado.
El acuerdo internacional -firmado el 13 de julio y convalidado por el Consejo de Seguridad de la ONU- mereció los elogios del gobierno Kirchner que se felicitó por ello como si fuera parte de los firmantes. Y resultó patético cuando llegó a pedir que se incluyera en el tratado una cláusula que obligara a Irán a cumplir con los pedidos del Juez y Fiscal argentinos.
Pocos días después, la prensa mundial (27/07/2015) dejó ver que alguno de los imputados en AMIA se vería beneficiado por lo pactado y antes de terminar el mes, el 31 de julio, Timerman fue notificado oficialmente de la intimación hecha por la Comisión de Ficheros de Interpol.
Desde entonces, buscó despegar al gobierno de las consecuencias públicas de los acuerdos y de la intimación de la Organización de la Policía. El Ministerio Público Fiscal le dio una mano: hizo saber varios días después (07/08/2015) que los fiscales AMIA le habían enviado al Canciller oficios solicitándole realizar gestiones diplomáticas ante las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea “para recabar información certera respecto de la verosimilitud de estas versiones”.
Pero para entonces ya no eran sólo versiones

FINAL DE JUEGO

Con la intimación de la CCF para ser contestada antes de 30 días, la Cancillería demoró 10 días para enviar la documentación al juzgado de Canicoba Corral.
Contra reloj, el juez ratificó dentro de los plazos exigidos los pedidos de captura y compartió sus opiniones con los Fiscales que solicitaron reiterar su “interés tanto en el mantenimiento de las notificaciones rojas como en que… se extremen los recursos y esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas dispuestas en autos, más allá de lo que implica su mera anotación o difusión.” (Destacado en el original).
Mientras los Fiscales escriben como si alguno de ellos creyera en lo que pide o como si Interpol estuviera a su servicio, el Juez Canicoba intuye que las “notificaciones rojas” serán ahora formalmente suprimidas. Y percibe que será el “pato de la boda”, el hombre a quien hacer responsable por la crisis de esas políticas que nunca fueron de su responsabilidad exclusiva, pero a las que nunca denunció. Se prepara para pagar los costos.
El inminente reconocimiento de que ya no existirán las órdenes de captura internacionales deja huérfana, también, a toda la dirección política opositora escudada contra el Memorando en el otro “bloque”, con DAIA/AMIA y algunos familiares de las víctimas.
Ninguno de los candidatos presenta una alternativa o al menos una iniciativa para avanzar en el esclarecimiento del atentado. 
El gobierno actúa como si no pasara nada nuevo. Sólo desea que su política no termine por derrumbarse antes de dejar la Casa Rosada.
Apenas disimula una crisis que no pudo resolver pese a haber empeñado todos los recursos del Estado en ello: el político, el legislativo y el judicial, los acuerdos internacionales y los nacionales, los servicios de inteligencia. Todo.
Aún así no logra evadir la cuestión central: el de la responsabilidad del Estado nacional en el atentado y su posterior encubrimiento.
En este marco y teniendo a la vista el agotamiento de la “notificación roja” a los iraníes, el gobierno hizo un canje que llama la atención por la pobreza de la maniobra: Los fiscales pidieron a Interpol una “notificación azul” contra Stiusso  con el objeto de ubicarlo para que dé testimonio en la causa por el atentado terrorista de 1994. 

Los recursos que encontró el Estado postergaron una y otra vez, durante 21 años, la investigación y el esclarecimiento del atentado. Entre ellos el nuevo juicio “AMIA II” que no se propone otra cosa más que juzgar las irregularidades cometidas contra la investigación anterior en manos de Galeano y los Stiusso.

Para terminar con la impunidad, investigar y esclarecer el atentado a la AMIA es más necesaria que nunca una Comisión Investigadora Independiente. Defendemos el proyecto que presentamos en el Congreso y lo ponemos en debate en la sociedad ante el bloqueo del oficialismo y la oposición política. 


Lea aquí: el proyecto de Ley para Constituir una Comisión Investigadora Independiente.