TODA UNA CONTRADICCIÓN

18/09/2015
En la sexta jornada del Juicio Oral por las “irregularidades” y encubrimientos en el caso AMIA, el TOF 2 resolvió invitar al ex segundo jefe de la SIDE, Juan C. Anchezar, a prestar declaración indagatoria.  Anchezar sorprendió al aceptar ampliar su declaración indagatoria anterior y responder preguntas del Tribunal, la Fiscalía y su defensa.

Pero la sorpresa y el desagrado fueron mayúsculos cuando el Presidente del Tribunal, Jorge Gorini, decidió entonces el desalojo del público presente argumentando que la medida se encuadraba en los términos del artículo 17 de la Ley de Inteligencia 25.520 y los artículos 222 y 223 del Código Penal, que establecen penas de prisión de 1 a 6 años para el que “revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”.

Con esta medida insólita, el Tribunal Oral Federal (TOF) limitó su propia autoridad a lo dispuesto en uno de los  artículos de la Ley de Inteligencia y terminó con el carácter público de las audiencias en nombre de supuestos secretos de Estado. Convirtió a las audiencias en un marco decorativo, pese a la publicitada “desclasificación” de archivos y a los decretos que levantaron el secreto para permitir a los imputados su declaración y su defensa.
La medida fue muy criticada en los corrillos del público y la prensa que tuvieron que desalojar la sala en un mecanismo que se repitió por la tarde, cuando amplió su declaración Patricio Finnen, otro de los imputados que integró la SIDE.  
La sorpresa y la crítica se hicieron extensivas a la actitud de todos los querellantes que, sin objetar, acompañaron lo dispuesto por el Tribunal.

Lo decidido por el TOF 2 está por detrás –incluso- de lo dispuesto hace ya 12 años en el juicio contra Telleldín y la llamada “conexión local”. Allí, el entonces Tribunal Oral Nº 3 dispuso la declaración en audiencia pública de una decena de testigos, todos ellos integrantes de los Servicios de Inteligencia. Lo hizo considerando que debía defenderse “una de las características principales del proceso oral: el de la publicidad de los actos”, según dijo.

En 2003 se los tenía por testigos. Hoy tres de ellos son los acusados.  Con un agravante: otro de los testigos de entonces –Stiuso- está siendo acusado por los ahora imputados y el mismísimo Secretario de Inteligencia por “encubrimiento de los responsables criminales” y entorpecer las investigaciones. Pero el ex Jefe de Operaciones del SIDE está llamado apenas como testigo en este juicio y el gobierno no sabe cómo ubicarlo. (Ver artículo)

Parece un chiste de mal gusto que en un “juicio por encubrimiento” se pongan a defender supuestos “Secretos de Estado” que sirvieron para organizar el encubrimiento.
El Tribunal protegió los dichos de los ex miembros del SIDE que declararon en público hace 12 años, cuando los principales imputados de hoy -Menem, Anzorreguy y Galeano- defienden públicamente sus acciones y se amparan en los secretos de Estado y en la imposición de legislación secreta.

Con este antecedente, es de esperar que una resolución similar sea tomada cuando declaren Anzorreguy o los testigos de identidad reservada. La situación procesal de Anzorreguy no está aún definida.
El TOF le pidió al Cuerpo Médico Forense que se expida sobre el pedido presentado por la defensa del ex jefe de la SIDE para ser declarado inimputable.
En tanto, Anzorreguy tampoco se presentó a esta audiencia. El Tribunal prefirió seguir la audiencia sin interrogar a la defensa del imputado por qué motivos no se hizo presente en la sala. La decisión tuvo una forma extraña: al comienzo de la audiencia, el secretario del TOF informó que “se encuentran presentes los que están en la sala asistidos por sus defensores”. Toda una tautología para no decidir qué hacer con Anzorreguy.